La Federación Regional de Mujeres Ashaninkas, Nomatsiguengas y Kakintes de la Selva Central, FREMANK, expresó hoy su rechazo y condena a las actitudes represivas del Gobierno ante los sucesos de violencia ocurridos en Bagua, región Amazonas, y reafirmaron que la lucha de su pueblo es la lucha por el futuro de nuestro país.
Igualmente, en un comunicado, denunciaron que el presidente Alan García “viene desconociendo nuestra lucha como pueblo indígena en defensa de nuestra vida, cultura, futuro y la preservación de nuestros recursos y del medio ambiente en que vivimos”.
Recordaron que desde hace más de 50 días se inició la protesta amazónica y que “fueron objeto de una falta total de diálogo y voluntad para resolver los distintos cuestionamientos ante la dación de numerosos decretos legislativos que de forma inconsulta fueron promulgados arbitrariamente por el Poder Ejecutivo y que nos afectan directamente”.
Las mujeres nativas de la selva central también lamentaron la violación y el desconocimiento reiterado de ser consultados sobre cualquier medida que afecte sus vidas, establecido en el Convenio N° 169 de la OIT y reafirmado en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“El 5 de junio ha sido un día doloroso para nuestros pueblos porque se ha producido el mayor acto de violencia represiva del Estado en contra de la población indígena peruana, producto de ello han fallecido numerosos hermanos y hermanas indígenas así como miembros de las fuerzas policiales enviados para reprimir a nuestro pueblo”, lamentaron.
En tal sentido, condenaron cada una de las muertes producidas por la intransigencia del Gobierno e hicieron un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para solicitar su intervención ante las autoridades peruanas a fin de que se preserve la vida y los derechos humanos de los indígenas.
En ese marco, pidieron a los ministros y congresistas detener el derramamiento de sangre y derogar los decretos legislativos en cuestión o en su defecto que su vigencia sea suspendida por un plazo mínimo de 6 meses, tiempo en el cual los pueblos indígenas y miembros del Gobierno elaboren de manera conjunta otra propuesta.
Finalmente, exigieron una exhaustiva investigación con la participación de organismos internacionales de defensa de los derechos indígenas para esclarecer lo acontecido en Bagua y garantizar el derecho a la vida de los indígenas, en especial la Sede Regional de la OIT y el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas para que realicen un informe sobre las vulneraciones a los compromisos internacionales asumidos por el Perú en relación a los derechos de los pueblos indígenas.
Igualmente, en un comunicado, denunciaron que el presidente Alan García “viene desconociendo nuestra lucha como pueblo indígena en defensa de nuestra vida, cultura, futuro y la preservación de nuestros recursos y del medio ambiente en que vivimos”.
Recordaron que desde hace más de 50 días se inició la protesta amazónica y que “fueron objeto de una falta total de diálogo y voluntad para resolver los distintos cuestionamientos ante la dación de numerosos decretos legislativos que de forma inconsulta fueron promulgados arbitrariamente por el Poder Ejecutivo y que nos afectan directamente”.
Las mujeres nativas de la selva central también lamentaron la violación y el desconocimiento reiterado de ser consultados sobre cualquier medida que afecte sus vidas, establecido en el Convenio N° 169 de la OIT y reafirmado en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“El 5 de junio ha sido un día doloroso para nuestros pueblos porque se ha producido el mayor acto de violencia represiva del Estado en contra de la población indígena peruana, producto de ello han fallecido numerosos hermanos y hermanas indígenas así como miembros de las fuerzas policiales enviados para reprimir a nuestro pueblo”, lamentaron.
En tal sentido, condenaron cada una de las muertes producidas por la intransigencia del Gobierno e hicieron un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para solicitar su intervención ante las autoridades peruanas a fin de que se preserve la vida y los derechos humanos de los indígenas.
En ese marco, pidieron a los ministros y congresistas detener el derramamiento de sangre y derogar los decretos legislativos en cuestión o en su defecto que su vigencia sea suspendida por un plazo mínimo de 6 meses, tiempo en el cual los pueblos indígenas y miembros del Gobierno elaboren de manera conjunta otra propuesta.
Finalmente, exigieron una exhaustiva investigación con la participación de organismos internacionales de defensa de los derechos indígenas para esclarecer lo acontecido en Bagua y garantizar el derecho a la vida de los indígenas, en especial la Sede Regional de la OIT y el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de Naciones Unidas para que realicen un informe sobre las vulneraciones a los compromisos internacionales asumidos por el Perú en relación a los derechos de los pueblos indígenas.
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